La oficina en defensa de la vivienda abre sus puertas en Trigueros

Los vecinos de la villa no tendrán que desplazarse a la capital.

Elena Cortés, junto a los ocho alcaldes y alcaldesas que se han adherido al programa andaluz para evitar los desahucios.

Elena Cortés, junto a los ocho alcaldes y alcaldesas que se han adherido al programa andaluz para evitar los desahucios.

Trigueros, Villablanca, Lepe, Zalamea la Real, Moguer, Cortegana, Nerva e Isla Cristina abrirán en sus ayuntamientos, concretamente en las oficinas municipales de información al consumidor, una puerta en defensa de la vivienda, de forma que sus vecinos ya no tendrán que desplazarse a la Delegación de Fomento y Vivienda, en la capital onubense, para recibir asesoramiento o para pedir a la administración que intermedie o les proteja contra los temidos desahucios.

Los alcaldes y alcaldesas de estos ocho municipios se reunieron ayer con la delegada de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y firmaron la adhesión de sus localidades al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que en la provincia ha evitado 126 desahucios desde la apertura de la oficina, a principios de octubre. En virtud del acuerdo, los consistorios prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

Los municipios también se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de la delegación de Fomento, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar -con carácter de urgencia y en menos de 15 días- la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

Las familias que ya han sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública también podrán recurrir a estos ayuntamientos, que facilitarán a la delegación información de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual correspondiente.

Los acuerdos firmados ayer (cuya vigencia es de cuatro años) también contemplan la constitución de una comisión de seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo.

Cortés enmarcó esta iniciativa en la premisa de que “no es posible que haya viviendas sin gente y gente sin casa”. Y no es posible, según valoró, que la vivienda se haya convertido en un producto financiero, en un producto para la especulación y que no se proteja el derecho humano a la vivienda.

Aunque de momento sólo ocho municipios se han adherido a la iniciativa (en Andalucía el total asciende a 107), Cortés recordó que la Diputación Provincial ya se sumó en su día, si bien “queremos que el resto también lo haga y pongan esa puerta de entrada en su ayuntamientos”. Para ello, la consejera indicó que el consistorio interesado “solo debe comunicarlo en la Delegación de Fomento y Vivienda, aprobarlo en Pleno y suscribir el acuerdo”.

Durante su reunión con los ocho alcaldes y alcaldesas , la consejera les trasladó la importancia de romper con el discurso de que las familias son las responsables de haber firmado una hipoteca, haber pedido su empleo y no hacer frente a la letra. Este mensaje provoca que las familias sientan “miedo y vergüenza”, por lo que mayoría de los desahucios se han producido en el anonimato. “Desde IU venimos planteando que las familias son víctimas del estallido de la burbuja inmobiliaria y de las medidas de austeridad. Se ha engañado a las familias y ha habido una gran estafa inmobiliaria”, valoró.

En su opinión, es imprescindible romper ese discurso jurídicamente. Más aún después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. “La sentencia lo dice claramente: la gente ha sido engañada y ha firmado cláusulas abusivas mientras se ha puesto una alfombra roja para que las entidades jurídicas desahuciaran. Y después han recibido 185.000 millones de dinero público”, criticó.

Huelva Información

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