Trigueros, entre los ayuntamientos más morosos de la provincia

El consistorio triguereño cuadruplica el plazo de 30 días de plazo fijados por la ley para el pago a proveedores

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La tasa de morosidad del Ayuntamiento de Trigueros sobrepasa, en el cierre del tercer trimestre del ejercicio el pasado mes de septiembre, los 30 días naturales de plazo fijados en la Ley de Morosidad desde 2013 como período de tiempo máximo para que las administraciones paguen a sus proveedores una vez que los técnicos han verificado que las facturas son reales, algo para lo que disponen de otro mes desde que se presentan.

Según los últimos datos extraídos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, correspondientes a septiembre de 2015 y relativos al período medio de pago a proveedores, el Ayuntamiento ocupa el número 14 de los municipios peores pagadores de la provincia, tardando una media de 136,61 días en pagar a los mismos.

Tal y como se ha previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el periodo medio de pago a proveedores es uno de los indicadores para determinar si hay o no estabilidad presupuestaria. Dos meses consecutivos sin ella obligan a elaborar un plan económico-financiero, con las medidas -recortes- que se van a tomar para reconducir esta situación y pagar en tiempo y forma. El Ministerio da un tiempo. Pero si la situación persiste, el Ayuntamiento se verá limitado en otros aspectos de su funcionamiento: para acceder a operaciones de crédito o avalar a otros entes, por ejemplo, necesitará ya el visto bueno del Estado o puede quedarse sin subvenciones y ayudas. Llegado el caso, el Estado podría retener incluso lo que le toca de la PIE (Participación de los Ingresos del Estado) para pagar directamente a los proveedores.

Estos datos se vienen haciendo públicos a través de la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas desde el año 2014 y, con ellos, el departamento que dirige Cristóbal Montoro pretende que no se vuelva a reproducir la situación que se dio hasta el año 2012 y antes de los primeros planes de pago a proveedores, cuando había facturas que se dejaban durante años en los cajones de determinados consistorios, que llegaron a poner al borde del cierre a muchas pequeñas y medianas empresas. Ese plan -cuestionado porque se hizo a través de los bancos y con altos intereses, que luego se revisaron, cuando había otras posibilidades- logró que los ayuntamientos se pusieran al día en ese sentido. Así, el plazo legal para las administraciones públicas se fue reduciendo paulatinamente desde los 55 días permitidos en 2010, a los 50 en 2011, los 40 en 2012 y los 30 establecidos desde 2013.

La Mancomunidad Campiña-Andévalo es la única de las cinco, que presentaron la documentación en tiempo y forma, que imcumplió ley tardando 268,8 días en saldar la deuda con sus proveedores.

Huelva Información

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